La Fundación Guillermo Toriello manifiesta:

Una condena y un dolor profundo por la violación a los derechos fundamentales de representantes indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y campesinos, hechos que vienen incrementándose gravemente en los dos últimos meses, especialmente contra los que defienden su tierra y su territorio, impulsan consultas comunitarias de buena fe y exigen con firmeza su derecho a ser consultados y a decidir sobre sus bienes comunes y sobre las alternativas para su buen vivir.

El asesinato y tortura de Expectación Marcos Ucelo del Parlamento Xinka, el secuestro y tortura de los líderes comunitarios Rigoberto Aguilar, Roberto López y Roberto González, Presidente del Parlamento Xinka y Mayordomo de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán son señales alarmantes del deterioro que se está dando en la protección a los derechos humanos en Guatemala.

A estas graves violaciones se suman los asesinatos recientes de Carlos Antonio Hernández, líder de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y del Frente Nacional de Lucha, asesinado en Chiquimula y los asesinatos de los dirigentes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) Tomás Quej en Cobán, Alta Verapaz y Gerónimo Sol Ajcot en Santiago Atitlán, Sololá.

Así mismo la persecución y la detención del Rubén Herrera en Huehuetenango, con larga y reconocida trayectoria como defensor de los derechos humanos y colectivos de los pueblos, hoy preso político.

Ante estos hechos y los que sistemáticamente sufren los dirigentes del CUC, otros líderes y lideresas en sus territorios, organizaciones de derechos humanos como UDEFEGUA, exigimos junto a otras organizaciones y organismos internacionales que las entidades del Estado guatemalteco cumplan con su mandato de garantizar el Derecho a la Vida y los demás Derechos Humanos, entre ellos el deber de proteger a los defensores y defensoras. Una política efectiva en este sentido es base imprescindible para la democracia, para la paz y para legitimidad del poder. La complicidad en el atropello a los derechos individuales o colectivos, ya sea por acción o por omisión deslegitima, corroe y acaba por destruir las bases del estado de derecho.

Diversidad de coaliciones de organizaciones sociales estamos seriamente comprometidas con las recomendaciones que emanaron con mucha fuerza y legitimidad de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y los compromisos de los Acuerdos de Paz. Estamos luchando por erradicar las causas del conflicto y evitar su repitencia, que es el verdadero y profundo sentido de la paz. Esta paz que anhelamos, vemos que se aleja con las políticas económicas entreguistas y las prácticas violatorias de los derechos de los pueblos por parte del gobierno actual.

Nuestra solidaridad y compromiso con los afectados por las violaciones de sus derechos y con los que luchan tenazmente contra la impunidad en el país.

Guatemala, 19 de marzo 2013