Como ha sido ampliamente difundido y documentado por los medios nacionales e instancias internacionales, desde el 15 de marzo del año en curso, el gobierno de Guatemala comenzó a ejecutar los desalojos violentos solicitados por la empresa Chabil Utzaj, S.A., en contra de 14 comunidades del Valle del Polochic, en el municipio de Panzós, haciendo caso omiso de los protocolos mínimos internacionales establecidos para casos de desalojo.

Hasta el día de hoy, las familias q’eqchi’es desalojadas continúan en extrema pobreza, en condiciones de hambre, falta de vivienda y de trabajo. Sus cultivos fueron destruidos, su precario patrimonio robado o destruido, y sus humildes viviendas quemadas. La mayoría de niños y niñas no han podido asistir a la escuela desde entonces. La integridad física y psicológica de mujeres, hombres y niños ha sido seriamente afectada y aún continúan en riesgo. Estas comunidades, que se encuentran dispersas en comunidades vecinas que las han acogido o donde han logrado arrendar un alojamiento temporal, continúan bajo el hostigamiento, las amenazas y ataques por parte de elementos de la seguridad privada de la empresa y grupos armados encubiertos que actúan en absoluta impunidad.A pesar de haber transcurrido ya varios meses desde los primeros desalojos y de los asesinatos vinculados a los mismos, los autores materiales e intelectuales de estos hechos no han sido capturados, ni se ha accionado por parte de las instituciones del Estado para desmantelar a estos grupos paramilitares e investigar a la empresa de seguridad privada que opera en nombre de la empresa Chabil Utzaj fuera de su perímetro.

A petición de las organizaciones firmantes, el día 20 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos dictó Medidas Cautelares a favor de las 14 comunidades desalojadas (MC-121-11), solicitando al Estado guatemalteco la implementación de medidas urgentes para garantizar su Derecho a la Vida y la Integridad Física, su Derecho a la Alimentación y Albergue, a la vez la necesaria investigación de los hechos de violencia ocurridos y que generaron la situación que hoy atraviesan dichas comunidades.

Despues de casi seis meses de los violentos desalojos y tres meses del otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH a favor de las comunidades desalojadas, el gobierno no ha tomado acción concreta o clara para cumplir con el dictamen de la CIDH. La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH),es la institución encargada de "avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala ante la CIDH". Sin embargo, la COPREDEH se escuda en requerimientos burocráticos, evadiendo así su responsabilidad de atender urgentemente estas medidas humanitarias. Preocupa también, la reciente declaración de la directora de COPREDEH, Ruth del Valle, donde afirma que las autoridades no violaron los derechos humanos a las familias violentamente desalojados de las tierras del Polochic.

Las organizaciones firmantes consideramos que el justo reclamo de las comunidades sobre las tierras del Valle del Polochic no puede criminalizarse ni juzgarse bajo la figura de usurpación. La situación generada por los desalojos no es un mero síntoma aislado de la conflictividad agraria y social, sino el vivo reflejo de la problemática nacional, fruto de la imposición de un modelo de desarrollo basado en la expansión de monocultivos para exportación, que niega los derechos de las comunidades que históricamente han posesionado las tierras en conflicto y que han sido, en su mayoría, trabajadores y mozos colonos de las fincas por varias generaciones.

Ante esta situación las Organizaciones Peticionarias de las Medidas Cautelares, señalamos la grave irresponsabilidad de las entidades públicas encargadas de acatarlas e implementarlas. La omisión y el retraso en la implementación de las acciones que les competen oscurecen aún más la imagen del gobierno a nivel internacional y agravan la situación de emergencia en que se encuentran las comunidades desalojadas. El Estado cuenta con la capacidad de desplegar los mecanismos y herramientas necesarios para cumplirlas de inmediato, así como para abordar las causas que han provocado esta conflictividad.

En tal virtud, esperamos que el Estado guatemalteco, que exhibió una voluntad y fuerza desproporcionada en el momento de los desalojos violentos, despliegue en este momento eficiencia y agilidad para brindar la asistencia humanitaria que requieren estas comunidades, contempladas en las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH.

Consideramos que el gobierno del Presidente Colom puede todavía encaminar las medidas más urgentes y dejar avanzada una agenda para la solución definitiva de la conflictividad generada en el Valle del Polochic, que puedan retomar y llevar a término los próximos gobernantes. El gobierno de Guatemala está obviando abordar la conflictividad agraria y el desarrollo rural, vulnerando así los derechos humanos de la población campesina en este caso de las 14 comunidades Q’echi’es desalojadas en el mes de marzo.

Guatemala 30 de agosto 2011

Comité de Unidad Campesina –CUC-
Derechos en Acción –DA-
Equipo Comunitario para Acción Psicosocial –ECAP-
Fundación Guillermo Toriello –FGT-
Guatemala Human Rights Commission/USA –GHRC-
Unión Latinoamericana de Mujeres Por el Derecho a Defender Nuestros Derechos –ULAM-